Riu Oliva Beach: la hotelera acusa al Gobierno de actuar de forma hostil y arbitraria

RIU Hotels & Resorts considera que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de forzar la caducidad de la concesión del hotel Riu Oliva Beach, de la isla de Fuerteventura, es una acción arbitraria y carente de argumentos y confirma que defenderá sus derechos legítimos ante la que considera una estrategia hostil de este departamento del Gobierno central.

La cadena hotelera estima que hay pruebas que evidencian que la estrategia del Ministerio de Transición Ecológica es premeditada ya que ha buscado desde el principio producir la caducidad de una concesión en vigor para el uso de las instalaciones hoteleras que quedaron en dominio público.

Dicha estrategia buscaba, señala Riu, el cierre de una instalación que siempre ha desarrollado su actividad en plena situación de legalidad y con pleno respeto a la normativa respecto a la legislación que regula la gestión del litoral, así como en cualquier otra consideración urbanística y medioambiental.

RIU denuncia que la resolución del departamento del Gobierno central mencionado, se basa en «argumentos falsos, desproporcionados e incompletos y tergiversan la realidad física del inmueble, objeto de la concesión: en ningún caso es cierto que se haya ocupado mayor espacio de dominio público que el referido en el ámbito de la concesión, tal y como argumentaba el expediente abierto por el Ministerio de Transición Ecológica».

De la misma forma, asegura que «es falso que existan usos no autorizados dentro del ámbito de la concesión, ya que todos los citados en el expediente, como es el caso del bazar, son usos complementarios consolidados y absolutamente habituales en la instalación hotelera. Además, ratifica tenazmente que no es cierto que se hayan ejecutado obras sin autorización en el ámbito de la concesión.

Así mismo, recuerda que, tras la transferencia de las competencias de Costas a la Comunidad Autónoma de Canarias, el organismo no tiene legitimación competencial.

La hotelera considera que la actitud del Ministerio de Transición Ecológica es escandalosa y que se trata del colofón de una estrategia premeditada, que arrancó en el año 2018 con un claro objetivo: forzar la caducidad de la concesión.