Canarias: hoteleros advierten del alquiler ilegal de inmuebles de uso turístico

Los empresarios extrahoteleros de la provincia de Las Palmas dejan en manos del nuevo Gobierno canario la ardua tarea de poner orden en el caótico panorama provocado por la progresiva residencialización de los inmuebles turísticos sometidos por norma al principio de unidad de explotación. Este hecho se produce con especial virulencia en el sur de Gran Canaria, sobre todo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en detrimento de la capacidad para las empresas gestoras y comunidades de propietarios para hacer competitivos los complejos.

El trámite y aprobación de una nueva ley para regular los usos turísticos, anunciada por la nueva consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León (PP), debería terminar con el «alquiler ilegal de inmuebles turísticos como si fueran viviendas», afirma Fernando Estany, desde hace una semana nuevo presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT) de Las Palmas.

«Se está produciendo la venta de apartamentos turísticos a extranjeros que tampoco los utilizan como residencia, sino que los alquilan por semanas a través de empresas inmobiliarias de sus países de origen, algo totalmente ilegal», denuncia el empresario grancanario, que espera una «acción determinada del Gobierno canario» contra esta práctica, tal y como ha comentado la consejera de Turismo en sus reuniones preparatorias de esta reforma legal. «A veces es difícil localizar cómo se están alquilando esos inmuebles, pero es evidente que se está produciendo de forma irregular», añade.

Fernando Estany defiende la conservación en las islas del principio de unidad de explotación en los complejos de apartamentos turísticos, «un asunto obligatorio en Canarias desde la ley de renovación turística de 2013, y que permite el uso residencial por la Ley del Suelo de 2017, pero solo para aquellos apartamentos donde se pudiera acreditar dicho uso como vivienda en el momento de entrada en vigor de esa norma; sin embargo, se ha seguido produciendo la venta de apartamentos para sacarlos de la gestión común, con funestos resultados para la homogeneidad de la oferta y la calidad del destino», afirma Estany.

«No se ha producido una vigilancia real de esta actividad irregular», afirma el presidente de la AEAT, que espera resultados concretos de la visión expuesta por la consejera de Turismo. «Hay que definir qué se puede hacer en cada suelo. No se puede aprobar el alquiler turístico en complejos que ya tienen unidad de explotación», afirma Estany citando un informe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que cifra en 591 millones de euros anuales la pérdida de facturación provocada por el uso residencial en inmuebles turísticos solamente en San Bartolomé de Tirajana.